Las condiciones geográficas de México, aunadas a su nivel de desarrollo económico y social, lo convierten en un país con un alto grado de exposición y vulnerabilidad frente a la ocurrencia de fenómenos perturbadores o peligrosos.

Existe un amplio registro de pérdidas de vidas humanas y severos daños económicos asociados tanto a amenazas de origen “natural” como antrópico. Entre las amenazas naturales destacan los sismos, ciclones tropicales, inundaciones, deslizamientos, tormentas severas, sequías y granizadas; mientras que entre las de origen antrópico se incluyen explosiones, derrames, fugas de sustancias peligrosas, accidentes de tránsito y procesos de contaminación del suelo, agua y aire, entre otros.

Lamentablemente, año con año, la pérdida de vidas y los daños económicos tienden a incrementarse, particularmente en los entramados urbanos y en aquellas zonas que presentan altos niveles de pobreza y marginación, donde la vulnerabilidad social exacerba los efectos de los fenómenos peligrosos.

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Protección Civil, los desastres de mayor impacto registrados a partir de la década de 1980 se asocian principalmente con inundaciones, ciclones y sismos. Entre 1980 y 1991 se registró un promedio anual de 443 decesos y pérdidas económicas cercanas a 443 millones de dólares. Posteriormente, en el periodo comprendido entre 2000 y 2018, las pérdidas económicas ascendieron a 2,357 millones de dólares, lo que representa un incremento considerable respecto a décadas previas. En este contexto, el 86.8 % de las pérdidas económicas se asocian a fenómenos de origen hidrometeorológico. México, junto con Australia, es uno de los dos países que se ven afectados en sus litorales tanto por ciclones tropicales como por tormentas severas.

Los desastres ocurren bajo diversas condiciones y circunstancias, lo que obliga a realizar lecturas múltiples e integrales del fenómeno. Estas lecturas abarcan no solo la dimensión física del peligro, sino también las dimensiones social, económica, política y ambiental, las cuales interactúan y determinan el nivel de riesgo y el impacto final de los eventos extremos.

Una parte sustancial del problema radica en la ausencia de instrumentos de planeación y gestión del riesgo, como los Atlas de Riesgos, o bien en la escasa atención que se presta a la información contenida en ellos al momento de tomar decisiones territoriales y de desarrollo.

La sola ocurrencia de un fenómeno perturbador no implica necesariamente la materialización de un desastre; este se produce cuando confluyen un evento de determinada intensidad con altos niveles de vulnerabilidad y/o exposición, así como con sociedades con baja capacidad de resiliencia. En este sentido, los desastres son el resultado de un conjunto complejo de variables, entre las cuales la forma en que se ha apropiado y transformado el territorio juega un papel determinante. La creación de infraestructura, la expansión urbana y los cambios de uso del suelo alteran de manera significativa los procesos naturales, incrementando las condiciones de riesgo.

En las áreas urbanas, la impermeabilización de extensas superficies genera modificaciones sustanciales en las distintas fracciones del ciclo hidrológico, así como en los procesos geomorfológicos y biológicos. Estas alteraciones afectan directamente la respuesta hidrológica de las cuencas ante los eventos de lluvia. De manera paralela, se observa un crecimiento de población vulnerable, frecuentemente asentada en zonas con mayor peligrosidad o condiciones desfavorables, lo que incrementa la probabilidad de impactos severos.

Si bien las sociedades no pueden evitar la ocurrencia de los fenómenos perturbadores, sí pueden reducir sus efectos mediante la implementación de marcos normativos adecuados, políticas eficaces de protección civil y infraestructura mejor diseñada, acompañadas de estrategias de mitigación orientadas a disminuir los impactos negativos y a fortalecer la resiliencia social y territorial.

En este contexto, resulta indispensable diseñar estrategias integrales que fortalezcan las estructuras de prevención y las políticas de mitigación, apoyadas en una planeación territorial robusta. Estas acciones deben contribuir a la construcción de comunidades resilientes, mediante el fortalecimiento de la educación, la reducción de los niveles de pobreza, el establecimiento de sistemas de alerta temprana, la definición de protocolos de intervención y manejo de emergencias, así como la coordinación institucional entre los distintos sistemas y niveles de gobierno. Todo ello implica la incorporación efectiva de una cultura de la gestión del riesgo.

La elaboración o actualización de los estudios de riesgo, comúnmente denominados Atlas de Riesgos, ya sea a escala comunitaria, regional, urbana o estatal, constituye un paso fundamental para la construcción de instrumentos eficaces de gestión territorial. Estos estudios permiten definir directrices específicas para la ocupación del territorio y el uso del suelo, incorporando además los desafíos que impone el cambio climático.

Es previsible que las condiciones generadoras de riesgo se intensifiquen como resultado del incremento del cambio de uso del suelo, así como de una mayor exposición y vulnerabilidad de la población. Por ello, se vuelve prioritario reforzar los estudios sobre el comportamiento espacio-temporal de los sistemas perturbadores y profundizar en el entendimiento de las condiciones de vulnerabilidad, con el fin de desarrollar modelos más robustos para la gestión del riesgo.

Los estudios de riesgo permiten comprender qué tipo de fenómenos perturbadores representan una amenaza, dónde y cuándo pueden ocurrir, así como estimar su intensidad, recurrencia o periodicidad. Asimismo, posibilitan identificar cuándo, dónde y por qué se producen los desastres, lo que facilita la cuantificación de la población potencialmente afectada, su localización espacial y la evaluación de sus niveles de vulnerabilidad y resiliencia.

Finalmente, el análisis de los patrones históricos y actuales de distribución de los eventos perturbadores, combinado con mapas de susceptibilidad, permite identificar territorios más propensos que otros a verse afectados por determinados fenómenos. Esto posibilita realizar regionalizaciones del riesgo, basadas en los peligros más recurrentes o aquellos con mayor impacto, constituyendo una herramienta clave para la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial y protección civil.